La igualdad y la no discriminación constituyen principios fundamentales del derecho internacional de los refugiados, pero su ejercicio nunca es neutral. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 dispone que sus normas deberán aplicarse sin distinción por motivos de raza, religión o país de origen; sin embargo, el desplazamiento masivo revela una verdad incómoda: la protección que el derecho proclama universal se administra, en la práctica, frecuentemente de manera desigual. Cuando millones de personas cruzan fronteras al mismo tiempo, la pregunta deja de ser estrictamente jurídica para volverse política: ¿quién merece ser protegido, con qué prontitud y bajo qué condiciones, y qué ocurre cuando el principio de igualdad colisiona con la prerrogativa soberana de los Estados de decidir a quién admiten, cómo y hasta cuándo?

En 2026, el mundo alberga una de las mayores poblaciones desplazadas de su historia. Aun después del primer descenso en una década, a finales de 2025 había alrededor de 117,8 millones de personas desplazadas por la fuerza, de las cuales 41,6 millones eran refugiadas, y cerca del 70 % de los refugiados permanece atrapado en situaciones de exilio prolongado. La mayoría es acogida por países de ingresos bajos y medianos, lo que concentra la carga en las regiones con menos recursos, mientras siete de cada diez refugiados proceden de apenas seis países, entre ellos Venezuela, desplazamiento que atraviesa de lleno a América Latina y a la región andina. Sobre esta situación se despliega una asimetría difícil de ignorar: en determinados contextos algunas poblaciones desplazadas son recibidas con protección temporal, fronteras abiertas y vías de acceso expeditas, mientras otras enfrentan devoluciones, confinamiento en campamentos y una indefinición que se prolonga durante años.

Ningún caso muestra mejor esa desigualdad que lo ocurrido en 2022. Cuando millones de ucranianos huyeron de la invasión rusa, buena parte de Europa les abrió las fronteras casi de inmediato: protección temporal, permiso de trabajo, escuela y atención médica. Apenas unos meses antes, y a veces en esas mismas fronteras, sirios, afganos y africanos chocaban con devoluciones, centros de detención y travesías mortales por el Mediterráneo. El derecho los reconoce a todos como refugiados; sin embargo, la respuesta diferenciada generó un intenso debate sobre el papel que desempeñan factores políticos, geográficos y culturales en la aplicación de los regímenes de protección. Este contraste constituye uno de los principales desafíos que analizará el comité: la no discriminación deja de ser un principio abstracto y se convierte en una pregunta incómoda sobre por qué la nacionalidad, la religión o el origen de quien llega siguen decidiendo qué tan rápido y qué tan bien se le protege.

Detrás de cada respuesta hay intereses que casi nunca coinciden. Los países del Sur Global, que acogen a la mayoría de los refugiados del mundo, piden un reparto de cargas que los donantes prometen, pero condicionan. ACNUR depende de esos mismos Estados para sostener su trabajo, así que su margen para exigirles es limitado. Y las comunidades de acogida, junto con las propias personas desplazadas terminan cargando con decisiones que se toman sin ellas. El comité tendrá que moverse entre principios que el derecho internacional sostiene a la vez y que la crisis pone a competir. La igualdad de trato choca de frente con el derecho de cada Estado a decidir quién entra. Y la protección que la Convención de 1951 promete como universal acaba conviviendo con esquemas temporales pensados para ciertas nacionalidades, mientras el reparto de cargas, solidario en el papel, en la práctica incentiva a los Estados a trasladar la responsabilidad hacia otros países, especialmente aquellos más próximos a los conflictos.».

De esta problemática surgen las preguntas que el comité tendrá que enfrentar. ¿Puede ACNUR sostener la no discriminación como una obligación que de verdad se cumple, y no solo que se proclama, cuando los Estados ajustan la protección según la nacionalidad, la religión o el origen de cada persona? ¿Dónde está la línea entre diferenciar de manera legítima (atender primero a quien corre más riesgo) y discriminar? ¿Sirve de algo el reparto de responsabilidades del Pacto Mundial sobre los Refugiados si sigue dependiendo de la buena voluntad de cada país? ¿Y qué valen las garantías de igualdad cuando lo que escasea es justo lo necesario para hacerlas reales: cupos de reasentamiento, sistemas de asilo que funcionen, financiamiento? Todas terminan en la misma pregunta: qué pasa cuando proteger a cierto grupo de refugiados choca con lo que un Estado entiende por interés nacional.

¿Cómo se llevará a cabo?

Este será un comité tradicional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, centrado en el debate sustantivo y la negociación diplomática antes que en la dinámica de crisis. Los delegados representarán a los Estados miembros del Comité Ejecutivo de ACNUR, cada uno con una posición definida sobre el alcance de la no discriminación, las políticas de asilo, los regímenes de protección temporal y el reparto de cargas. A diferencia de un órgano dotado de veto, aquí ninguna delegación puede imponer ni bloquear por sí sola: el peso de cada postura dependerá de la solidez técnica, la coherencia jurídica y la capacidad de construir consensos amplios.

Se valorará el dominio del marco normativo (la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, la Declaración de Cartagena, el Pacto Mundial sobre los Refugiados), el realismo de las propuestas y la honestidad para reconocer las restricciones políticas y presupuestarias que condicionan cualquier solución. El producto del comité será una resolución o marco de acción que traduzca el principio de igualdad en mecanismos concretos y verificables. Antes de la conferencia, cada delegación deberá presentar un documento de posición oficial que fije su postura sobre las garantías de no discriminación, los límites de la diferenciación entre poblaciones refugiadas y el reparto de responsabilidades. El éxito del comité no se medirá por la aprobación de cualquier resolución, sino por la solidez, viabilidad y realismo de las garantías que logre construir, o por la honestidad con que reconozca la distancia entre la igualdad que el derecho promete y la que los Estados están dispuestos a financiar y sostener.