Comité: SPECPOL - Comisión Política Especial y de Descolonización
La Cuestión sobre el Sáhara Occidental
Directores
Joaquín Mejía & Valeria Acosta
El territorio del Sahara Occidental ha sido el epicentro de distintas disputas a lo largo de los años. El 26 de febrero de 1976, España dispuso el fin de su presencia en la región. Desde entonces, Marruecos y el Frente Polisario se encuentran enfrentados por el control del dicho espacio. En ese contexto, Argelia ha acogido a refugiados que han escapado del conflicto.
A propósito de esta situación, que ha involucrado prolongados enfrentamientos en el Sahara Occidental, se han planteado distintas propuestas de solución. Entre las más relevantes se encuentran: (i) el Plan de Arreglo aprobado por las Naciones Unidas en 1991, mediante el cual se propuso la celebración de un referéndum para que los ciudadanos del Sahara Occidental puedan elegir su integración a Marruecos o su independencia; (ii) la propuesta por parte del Gobierno de Marruecos de otorgarle autonomía bajo su soberanía; y, (iii) la reivindicación del derecho a la autodeterminación del Sahara Occidental.
En ese sentido, el objetivo del Comité será evaluar las soluciones actuales y proponer una estrategia articulada que permita alcanzar el cese a los enfrentamientos y avanzar hacia la solución del conflicto . Para ello, se deberá tomar en consideración los efectos perniciosos que esta confrontación ha generado en los derechos humanos de la población saharaui a lo largo de los años. Asimismo, no se deberá perder de vista el impacto que las estrategias puedan tener en relación con la soberanía, la autodeterminación y la democracia.
En la era digital, permanentemente recibimos información de diversas formas e interlocutores que moldean nuestras ideas y actitudes. Si bien la disponibilidad y amplitud de información ha generado una ciudadanía con más herramientas de decisión política, también ha sido utilizada para manipular la construcción de identidades políticas en base a falsas narrativas. Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016 y de Brasil en 2018 son claros ejemplos de cómo la información inexacta estratégicamente difundida en los medios de comunicación y redes sociales tiene un impacto directo en el voto ciudadano. Ambos casos, además, demuestran que las fake news actúan desde un pánico moral que construyen amenazas irreales a partir del uso de estereotipos sobre la población migrante, la diversidad sexual y las comunidades afrodescendientes e indígenas. Todo esto se exacerba por el anonimato, la inmediatez y el nivel de propagación que permiten las plataformas digitales.
El objetivo del Comité Político Especial y de Descolonización será analizar y cuestionar el rol de los medios de comunicación y las redes sociales en la construcción y difusión de las fake news. Tomando en cuenta el contexto digital y su efecto en la sociedad, los delegados tendrán que comprender las complejas dinámicas políticas en los cambiantes escenarios domésticos para construir propuestas a nivel internacional, así como atender las tensiones entre la libertad de expresión y los derechos políticos. Finalmente, será necesario identificar los impactos diferenciados de las fake news bajo los diferentes sistemas de opresión y discriminación estructural en las mujeres, la población migrante, las etnicidades no hegemónicas y las personas TLGBIQ+.
UNSC – Consejo de Seguridad
La crisis provocada por conflicto entre Israel y Palestina
Directores
Franco Luna & María Angélica Fernández
El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más antiguos y complejos del escenario internacional, y representa uno de los mayores desafíos para el derecho internacional. Tiene sus raíces en profundas tensiones políticas y territoriales que se agudizaron tras la creación del Estado de Israel en 1948 y el consiguiente desplazamiento del pueblo palestino. Desde entonces, la región ha sido escenario de múltiples guerras, ocupaciones, bloqueos y ataques armados, lo que ha dado lugar a una crisis humanitaria persistente, situación que, hasta la fecha, no ha logrado ser resuelta de manera efectiva.
En los últimos años, el conflicto ha escalado considerablemente. Una nueva ola de violencia se desató el 7 de octubre de 2023, tras el ataque perpetrado por Hamás contra Israel. La posterior respuesta militar israelí en la Franja de Gaza ha provocado miles de muertes civiles, desplazamientos masivos y el agravamiento de una crisis humanitaria, que ya era de gran magnitud incluso antes de estos recientes sucesos. Al mismo tiempo, en Cisjordania, se ha intensificado la violencia entre colonos israelíes y población palestina, así como las operaciones militares y las restricciones impuestas por las autoridades israelíes, contribuyendo a un deterioro sostenido de la situación en toda la región.
Así las cosas, la comunidad internacional permanece dividida, los esfuerzos por establecer un alto al fuego han sido frágiles y, en muchos casos, desacatados; y, en ese contexto, las tensiones regionales aumentan, así como el riesgo de un conflicto de mayor envergadura.
A propósito de este conflicto, el Consejo de Seguridad ha adoptado 299 documentos, entre resoluciones y declaraciones, como parte de su esfuerzo por mitigar las consecuencias de tales enfrentamientos y promover el establecimiento de la paz. No obstante, a la fecha su impacto ha sido casi nulo.
Ante esta realidad, este Consejo de Seguridad buscará ser un comité dinámico en el que los delegados no se limiten a replicar las posturas oficiales de sus Estados, sino que trabajen activamente en la construcción de soluciones viables y sostenibles. Tomando en cuenta el contexto actual y el grado de polarización del conflicto, así como las posturas de los Estados que tienen interés en el reconocer a Palestina como Estado, se espera un debate fundamentado, realista, propositivo y comprometido con búsqueda de propuestas concretas para enfrentar los desafíos un conflicto que, tras más de 75 años, sigue poniendo a prueba las herramientas del derecho internacional. En ese sentido, el trabajo de este comité estará enfocado en abordar con seriedad y urgencia los desafíos generados por el conflicto israelí-palestino.
Comité Legal
Desarrollo de un marco jurídico internacional para la regulación de tecnologías financieras (fintech)
Directores
Sebastián Morello & David Ordinola
En la última década, las tecnologías financieras, comúnmente conocidas como fintech, han transformado radicalmente los sistemas financieros globales. Desde billeteras digitales y plataformas de crédito, hasta criptomonedas y neobancos, estas innovaciones han ampliado el acceso a servicios financieros y potenciado la inclusión económica mundial. No obstante, su expansión exponencial ha revelado vacíos jurídicos críticos que demandan atención urgente a nivel internacional.
La ausencia de un marco legal armonizado ha propiciado la aparición de riesgos sistémicos significativos: fraude digital sofisticado, evasión de normativas bancarias tradicionales, vulnerabilidades en la protección de derechos de propiedad intelectual y competencia, volatilidad extrema de activos digitales y desprotección generalizada de consumidores. A ello se suman las disparidades regulatorias entre las jurisdicciones de los Estados: mientras que algunos países han desarrollado marcos normativos avanzados, otros aún permanecen rezagados, sin marcos jurídicos que se logren adaptar al nuevo entorno tecnológico. Esta asimetría complica la supervisión efectiva de operaciones transfronterizas, generando desafíos complejos en materia de regulación y cooperación judicial internacional.
En este contexto, se espera que los delegados que integren el Comité Legal desarrollen propuestas concretas orientadas a establecer estándares internacionales que permitan equilibrar la innovación tecnológica con la protección de usuarios y la estabilidad del sistema financiero global. El debate se centrará en el diseño de mecanismos de cooperación entre agentes reguladores, la formulación de principios para la gestión de la innovación global, así como la creación de condiciones regulatorias que favorezcan un mercado competitivo para el desarrollo de la disrupción digital.
Comité: ECOFIN - El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
La reducción de las barreras al comercio y desafíos del sistema multilateral del comercio
En la actualidad, las barreras comerciales continúan generando ineficiencias económicas y profundizando las desigualdades entre los distintos actores del comercio internacional. Estas barreras —que incluyen aranceles, subsidios, medidas sanitarias y obstáculos técnicos al comercio, entre otros— suelen justificarse por motivos de seguridad, salud pública o protección ambiental, pero también responden a intereses estratégicos que distorsionan la libre competencia y limitan el acceso de los países con menor capacidad de negociación. Sectores como la agricultura, la pesca o las tecnologías de punta han sido particularmente afectados por estas dinámicas.
Al mismo tiempo, el sistema multilateral de comercio enfrenta una crisis de funcionamiento institucional. Desde el 2019, el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se encuentra parcialmente paralizado debido a la inoperatividad del Órgano de Apelación. Esto, como resultado la imposibilidad de alcanzar el quórum mínimo requerido para designación de nuevos jueces.
Este escenario se ha visto agravado por las políticas comerciales impulsadas por la administración estadounidense en 2025, que reintrodujeron una lógica abiertamente proteccionista, con nuevas rondas de aranceles dirigidas a China, la Unión Europea y países latinoamericanos, generando respuestas recíprocas y una creciente fragmentación del orden comercial global. Cabe recordar que, durante la primera administración de Donald Trump, Estados Unidos bloqueó la designación de nuevos miembros del Órgano de Apelación de la OMC, lo que desde 2019 ha provocado que este organismo carezca de una segunda instancia y se encuentre prácticamente paralizado. En este contexto, surge la pregunta sobre qué mecanismos podrían implementarse para solucionar este impase y restablecer la funcionalidad del sistema de solución de diferencias.
Este comité invita a los delegados a analizar cómo estas barreras y tensiones afectan la eficiencia del comercio, la legitimidad de las instituciones multilaterales y la posibilidad de avanzar hacia un modelo de cooperación económica más justo. A partir de este diagnóstico, se buscará construir propuestas que respondan a los desafíos actuales desde una perspectiva que combine sostenibilidad, equidad y viabilidad política. Asimismo, se espera que el comité explore posibles mecanismos para restaurar la funcionalidad del Órgano de Apelación de la OMC, garantizando su imparcialidad y efectividad.
Comité: ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Acceso a servicios esenciales para personas refugiadas y desplazadas en contextos de crisis
Directores:
Sandra Lizarzaburu & Tamara Kojaković
Del 2000 al 2017 se produjo un aumento de casi el 50% del número de migrantes a nivel internacional: de 173 a 258 millones de personas. Si bien una proporción significativa de personas migra de manera voluntaria, en la búsqueda de oportunidades laborales o de estudio, más de un cuarto de la población lo hace de manera involuntaria, ya sea por conflictos armados o por desastres naturales. De hecho, se estima que dentro de este ratio 25 millones son refugiados, 3 millones son solicitantes de asilo y 40 millones son desplazados internos. La comunidad internacional, en especial los países que pueden ser catalogados como receptores, se encuentra dividida frente a los impactos en la economía, desde los efectos en el mercado laboral hasta la sostenibilidad de los servicios brindados.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se enfocará en la migración involuntaria y a través de tres aristas: refugiados, migración económica y migración climática. Particularmente, se buscará que los delegados propongan soluciones viables respecto a una migración organizada y segura, inserción al mercado laboral en el país de destino y tomen en cuenta el rol que juegan los distintos grupos de interés. Asimismo, las soluciones propuestas deben buscar promover el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que implica un balance entre el impacto económico, social y medioambiental, además de tomar en consideración la vulnerabilidad particular de ciertos grupos frente a este fenómeno.