Comité Político Especial y de Descolonización (SPECPOL)

  • El impacto de las fake news en la democracia
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    Director

    Diego Quesada

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    Directora adjunta

    Valerie Woodman

En la era digital, permanentemente recibimos información de diversas formas e interlocutores que moldean nuestras ideas y actitudes. Si bien la disponibilidad y amplitud de información ha generado una ciudadanía con más herramientas de decisión política, también ha sido utilizada para manipular la construcción de identidades políticas en base a falsas narrativas. Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016 y de Brasil en 2018 son claros ejemplos de cómo la información inexacta estratégicamente difundida en los medios de comunicación y redes sociales tiene un impacto directo en el voto ciudadano. Ambos casos, además, demuestran que las fake news actúan desde un pánico moral que construyen amenazas irreales a partir del uso de estereotipos sobre la población migrante, la diversidad sexual y las comunidades afrodescendientes e indígenas. Todo esto se exacerba por el anonimato, la inmediatez y el nivel de propagación que permiten las plataformas digitales.

El objetivo del Comité Político Especial y de Descolonización será analizar y cuestionar el rol de los medios de comunicación y las redes sociales en la construcción y difusión de las fake news. Tomando en cuenta el contexto digital y su efecto en la sociedad, los delegados tendrán que comprender las complejas dinámicas políticas en los cambiantes escenarios domésticos para construir propuestas a nivel internacional, así como atender las tensiones entre la libertad de expresión y los derechos políticos. Finalmente, será necesario identificar los impactos diferenciados de las fake news bajo los diferentes sistemas de opresión y discriminación estructural en las mujeres, la población migrante, las etnicidades no hegemónicas y las personas TLGBIQ+.

Consejo de Derechos Humanos (UNHRC)

  • El reconocimiento de la identidad trans*
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    Directora

    Carolina Neyra

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    Directora adjunta

    Jacqueline St. Laurent

Para la mayoría de personas el reconocimiento de su identidad no resulta problemático. Sin embargo, se convierte en un tema altamente complejo para aquellas con identidades diversas al (i) no encontrar en sus países mecanismos que permitan su reconocimiento o (ii) de existir, se solicitan requisitos invasivos que vulneran sus derechos humanos. Al 2018, de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, sólo 41 presentaban algún tipo de mecanismo de reconocimiento de la identidad de género disidente. Ello evidenciaría, por lo tanto, que sólo un grupo muy reducido de personas habría logrado huir de la muerte civil en la que vive la mayoría de personas trans* al no poder acceder a servicios públicos de básica necesidad como salud, educación, trabajo, entre otros. Una situación que, además, perpetúa el circulo de pobreza y marginación en el que muchas veces viven.

Como parte de las funciones de promoción y protección del Consejo de Derechos Humanos, el objetivo del comité será analizar las causas que impiden el avance del reconocimiento de las identidades trans* y proponer estrategias que promuevan la implementación de mecanismos de reconocimiento de la identidad de género por parte de los Estados miembros. Como delegados deberán prestar especial atención a las variables culturales, étnicas, socioeconómicas y otras que afecten a las personas trans* en su país. De igual manera, tendrán como desafío pensar en estrategias ajenas al Derecho que permitan contrarrestar efectivamente las consecuencias negativas de no contar con un documento que reconozca su identidad.

Consejo de Seguridad

  • El conflicto en Yemen
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    Directora

    María Fernanda Bohórquez

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    Director adjunto

    Joaquín Mejía

Desde 2015, dos facciones han luchado por el control del poder en Yemen: Abdrabbuh Mansur Hadi, dirigido por el gobierno yemení, y el movimiento armado Houthi. Ello es visto por muchos como parte del conflicto entre Irán y Arabia Saudita, también llamado la guerra fría del Medio Oriente. Previo al golpe de Estado, Arabia Saudita tenía indiscutiblemente a Yemen bajo su esfera de influencia. Sin embargo, ello se vio alterado debido a que Irán financió parcialmente el golpe de Estado por parte de los Houthi. Ante esto, Arabia Saudita se sintió amenazada y lideró, junto con los países miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, una operación militar en Yemen, que acentuó el grave conflicto. La guerra civil ha causado una crisis humanitaria que ha dejado 24 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria, aumentando las enfermedades que azotan al país.

El trabajo del Consejo de Seguridad será analizar las consecuencias políticas, económicas y sociales de las posibles soluciones a los diferentes conflictos que aquejan al país. Para lograrlo, se deberá discutir profundamente las causas de esta crisis, así como también entender su macrocontexto geopolítico. Las soluciones propuestas deberán responder apropiadamente a los problemas más urgentes, como la crisis humanitaria, pero también deben ser soluciones que sean sostenibles en el tiempo y ataquen las causas de raíz.

Organización Mundial de la Salud (OMS)

  • Suicidio y salud mental
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    Directora

    Francesca Sabroso

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    Directora adjunta

    Daniela Escobar

Se estima que una de cada cuatro personas en el mundo experimentará afectaciones a su salud mental a lo largo de su vida y que cerca de 800,000 personas se suicidan anualmente. Esta última es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años de edad y ha sobrepasado a la mortalidad materna como principal causa de muerte en niñas de 15 a 19 años en todo el mundo. Si bien existe una relación entre la tasa de suicidios y los países con altos ingresos, el suicidio ocurre en todo el mundo, afectando a individuos de todas las nacionalidades, culturas, religiones, géneros y clases. Además, es importante notar que el suicidio no es un problema cuyo impacto se limita al ámbito médico, sino que tiene una serie de repercusiones en la economía nacional, la seguridad social y las dinámicas familiares. El suicidio es indudablemente un problema de salud pública, el cual los gobiernos están fallando en afrontar.

El objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) será analizar e identificar estrategias adecuadas para controlar internacionalmente la tasa de suicidios. Para ello, será indispensable abordar los principales factores de riesgo, así como las posibles soluciones relacionadas a la prevención, contención y tratamiento de este fenómeno global. En el comité de la OMS, los delegados participarán en un debate en el cual explorarán constantemente los distintos ejes del suicidio tomando en consideración el contexto social y económico de cada Estado involucrado.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

  • Impacto en la economía y sostenibilidad de la migración
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    Director

    Paolo Ghio

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    Directora adjunta

    Valeria Herrada

Del 2000 al 2017 se produjo un aumento de casi el 50% del número de migrantes a nivel internacional: de 173 a 258 millones de personas. Si bien una proporción significativa de personas migra de manera voluntaria, en la búsqueda de oportunidades laborales o de estudio, más de un cuarto de la población lo hace de manera involuntaria, ya sea por conflictos armados o por desastres naturales. De hecho, se estima que dentro de este ratio 25 millones son refugiados, 3 millones son solicitantes de asilo y 40 millones son desplazados internos. La comunidad internacional, en especial los países que pueden ser catalogados como receptores, se encuentra dividida frente a los impactos en la economía, desde los efectos en el mercado laboral hasta la sostenibilidad de los servicios brindados.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se enfocará en la migración involuntaria y a través de tres aristas: refugiados, migración económica y migración climática. Particularmente, se buscará que los delegados propongan soluciones viables respecto a una migración organizada y segura, inserción al mercado laboral en el país de destino y tomen en cuenta el rol que juegan los distintos grupos de interés. Asimismo, las soluciones propuestas deben buscar promover el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que implica un balance entre el impacto económico, social y medioambiental, además de tomar en consideración la vulnerabilidad particular de ciertos grupos frente a este fenómeno.

Organización de los Estados Americanos (OEA)

  • Situación humanitaria en Nicaragua
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    Directora

    Oriana Palma

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    Directora adjunta

    Valeria Escudero

El 18 de abril de 2018, una ola de protestas se desencadenó en las calles de Managua tras el anuncio de una polémica reforma a la seguridad social prevista por el gobierno de Daniel Ortega. Desde el primer día de manifestaciones, la brutal respuesta promovida por el gobierno nicaragüense generó un estado de máxima violencia, en el cual el uso excesivo de la fuerza, la cruenta represión por parte de las fuerzas policiales y la presencia de grupos paramilitares afines al régimen dejaron un saldo de 2000 heridos y al menos 325 muertos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras más de un año de haberse suscitado estos hechos, una serie de crímenes cometidos por el Estado nicaragüense evidencian la persistencia invisibilizada de un ataque sistemático contra la población civil. La persecución política, las detenciones arbitrarias, el asesinato y desaparición de periodistas, la censura a medios de comunicación y los tratos crueles hacia manifestantes y presos políticos permanecen, mientras el gobierno lleva a cabo un menguado proceso de diálogo con la sociedad civil.

La Asamblea General de la OEA tendrá como objetivo analizar las aristas de un estado de postconflicto, en el que el uso de la persecución y la fuerza estatal han logrado amainar las protestas, pero sin resolver las demandas de la población. La sociedad civil nicaragüense exige el cese de la violencia y la intimidación, un anticipo de elecciones generales, la liberación de todos los prisioneros políticos y el cese de la criminalización de las protestas. Ante ello, los representantes de los países de las Américas deberán discutir las soluciones viables para un contexto en donde convergen graves violaciones a los derechos humanos y la necesidad de una urgente transición hacia la democracia.