Consejo
de Seguridad

  • Conflicto Irano-Israelí
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    Director

    Diego Quesada

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    Director adjunto

    Nicolás Delgado

Por más de medio siglo, el requisito indispensable para lograr legitimidad política en el Medio Oriente ha sido la confrontación entre Israel y sus vecinos. El conflicto con Irán, que lleva cerca de cuarenta años, desde el 2011 utiliza el territorio de Siria como nuevo campo de batalla. De modo más preciso, desde mayo de 2018 las partes se han volcado en un enfrentamiento más directo: tanto israelíes como iraníes y sus respectivos aliados han iniciado ataques militares de gran escala en territorio sirio.

El objetivo del Consejo de Seguridad será analizar y remediar las tensiones políticas, militares y jurídicas actuales entre estos países. Para ello, será indispensable abordar la problemática del conflicto armado en Siria, la utilización de grupos armados paramilitares y el desarrollo de armas de destrucción masiva en Medio Oriente. En el Consejo de Seguridad, los delegados participarán en un debate técnico con un visible enfoque de búsqueda de soluciones para los intereses de los Estados involucrados.

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO (CTSD)

  • Impacto del desarrollo tecnológico en el mercado laboral
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    Director

    Jorge Aguayo

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    Director adjunto

    Sergio Argüelles

En el siglo XIX, las labores agrícolas eran las determinantes del desarrollo en la mayoría de países en el mundo. Esto cambió con la llegada de la Segunda Revolución Industrial, con la migración de la mayoría de trabajadores hacia las labores industriales. Este gran cambio tecnológico en la organización de las economías vino acompañado de un fenómeno catalizador: la globalización, que aceleró los cambios en el mercado laboral. Un estudio de McKinsey estima que aproximadamente 375 millones personas tendrán que cambiar de rubro laboral para el año 2030 y aprender nuevas habilidades. Como consecuencia de la automatización del trabajo, el desempleo podría aumentar y frenar el crecimiento salarial.

La CTSD deberá analizar los nuevos desafíos que afronta el mercado laboral: la tercerización de la mano de obra, la rápida innovación tecnológica, sus efectos en la mejora de los procesos productivos, entre otros. En este contexto, los delegados deberán discutir la necesidad y viabilidad de estos cambios tecnológicos en la economía local y global. Asimismo, será crucial discutir sobre la sostenibilidad de estos cambios para que el impacto social y económico pueda encontrar un equilibrio.

COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW)

  • Violencia contra la mujer
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    Directora

    Carolina Neyra Sevilla

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    Directora adjunta

    Jacqueline St. Laurent

La violencia contra las mujeres es un problema que aún persiste en el ámbito público y privado de toda sociedad. Según la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, en el 2015 una de cada tres mujeres sufrió, en algún momento de su vida, violencia física y/o sexual. Estas alarmantes cifras también revelan que casi el 30% de mujeres que mantuvo una relación afectiva experimentó violencia conyugal, y que de este grupo, el 38% termina siendo víctima de homicidio. Hace más de 20 años, los Estados adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un plan de alcance universal que desde el enfoque de género propone el empoderamiento de las mujeres. Asimismo, la sociedad civil ha ocupado desde siempre un rol protagónico en esta lucha a través de las articulaciones feministas locales y transnacionales, siendo una de sus expresiones más recientes el movimiento #NiUnaMenos. Sin embargo, la diaria revelación de testimonios de miles de mujeres víctimas de violencia en todo el mundo muestra que estos esfuerzos continúan siendo insuficientes.

La CSW deberá encontrar respuestas a esta compleja problemática en el marco de los estándares internacionales existentes, sin olvidar el contexto interseccional (etnia, condición económica, edad, orientación sexual, entre otras variables) en el que cada mujer se encuentra. Como delegados, tendrán la responsabilidad de proponer soluciones que, alineadas con el enfoque de género, puedan ser efectivamente implementadas en el plano local. Estas medidas deberán prestar especial atención a las nuevas formas en las que hoy se manifiesta dicha violencia.

COMITÉ LEGAL

  • Retos legales del Big Data
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    Directora

    Lorena Yalta

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    Directora adjunta

    Miluska Partnogic

Desde el 2013, la generación de data ha sido mayor a aquella producida en toda la historia de la humanidad. Se estima que para el año 2020 se crearán 1.7 megabytes de nueva información por segundo por cada ser humano. La generación y disponibilidad de información posee la capacidad de revolucionar diferentes industrias y generar un impacto directo positivo a los ciudadanos, pero también pone en situación de vulnerabilidad sus datos personales y su privacidad. Entre las potenciales contingencias legales se encuentran la seguridad, el tratamiento de datos personales, la discriminación en base al análisis de data, el rastreo de titularidad de IP, entre otras. Esto abre el debate frente a la necesidad de generar regulación y, en caso se considere pertinente, delimitar sus condiciones a efectos de encontrar el balance entre la maximización de utilidad del uso del Big Data (en las empresas o en el Estado) y la mitigación de los riesgos que su uso pueda provocar, principalmente en la propiedad y la privacidad.

Como delegados, tendrán la responsabilidad de identificar los potenciales retos legales del Big Data y sus correspondientes soluciones jurídicas en el plano internacional. Para ello, deberán producir informes jurídicos con la finalidad de introducir sus resultados en cuerpos normativos existentes o determinar la creación de nuevos cuyo contenido refleje las aristas técnicas que correspondan y que sean el reflejo de la dinámica que esta materia requiere.

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, HUMANITARIOS Y CULTURALES (SOCHUM)

  • Escasez de agua y acceso a servicios básicos
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    Directora

    Karina Campos

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    Directora adjunta

    Andrea Valdivieso

La escasez de agua y acceso a recursos básicos constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI. Para una gran parte de la población, el agua potable y servicios de saneamiento, salud e higiene son privilegios, no derechos. Actualmente, la escasez de agua afecta a 4 de cada 10 personas. La falta de acceso a estos servicios fundamentales aumenta drásticamente el riesgo a contraer enfermedades causadas por vectores, tales como la diarrea e infecciones. Como resultado, 340 mil niños menores a cinco años mueren debido a enfermedades diarreicas producidas por el pobre acceso a servicios de agua potable. En regiones como el África Subsahariana, casi 17 millones de mujeres y niños (en su gran mayoría niñas) son responsables de transportar grandes cantidades de agua, invirtiendo 30 minutos por viaje, perdiendo tiempo escolar, exponiéndose a enfermedades, lesiones e incluso a violencia.

Nuestro comité deberá trabajar la incorporación de prácticas razonables y sostenibles que aseguren un acceso equitativo a recursos básicos que permita reducir las amenazas de enfermedades y violencia y promover un desarrollo saludable e integral de los seres humanos. Se debe tener en cuenta que el acceso al agua y recursos básicos es un derecho fundamental por lo que buscamos lograr un alto nivel de investigación y debate de propuestas con una perspectiva global de las causas y consecuencias de esta crisis mundial.

DIÁLOGO DE COOPERACIÓN ASIÁTICA

  • Musulmanes Roghinya
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    Directora

    Lucrecia González-Olaechea

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    Director adjunto

    Diego Zapata

El 11 de septiembre de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que la situación de los musulmanes Roghinya es un ejemplo clásico de limpieza étnica. Desde el 2014, el gobierno, predominantemente budista, les niega la ciudadanía, los trata como inmigrantes bengalíes ilegales, no los reconoce como grupo étnico y limita su libertad de movimiento. La crudeza de la actual represión militar no tiene precedentes. De la mano con extremistas budistas y el gobierno, el ejército inició una ofensiva con amplias consecuencias mortales, que fue intensificada en agosto del año pasado. Tan sólo durante la primera semana de septiembre del 2017, cerca de 400 personas murieron y alrededor de 73 mil huyeron a Bangladesh.

Algunos miembros de la comunidad asiática, se han pronunciado, ya sea condenando públicamente las acciones del gobierno, o enviando ayuda monetaria o material. Sin embargo, esta crisis humanitaria demanda la atención de la comunidad como una unidad, poniendo un énfasis también la problemática de violación de derechos humanos y de refugiados que ha generado. Se espera que la Cooperación Asiática actúe para evitar que se siga escribiendo en nuestra historia un nuevo caso de limpieza étnica.